El empresario Gerald Omar Méndez Algomeda cuestionó el destino de las cuotas obrero-patronales ante la falta de medicamentos, insumos, personal e instalaciones dignas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y exigió que las autoridades responsables del manejo de los recursos también sean fiscalizadas y sancionadas cuando existan irregularidades.
En entrevista con Imagen Poblana, Méndez Algomeda señaló que los empresarios deben cumplir con el pago de las cuotas de seguridad social, pues de lo contrario se exponen a multas y sanciones; sin embargo, consideró que no hay una vigilancia equivalente sobre las instituciones encargadas de administrar esos recursos, pese a las deficiencias que enfrentan los derechohabientes
El empresario sostuvo que México atraviesa una crisis económica que afecta tanto a los trabajadores como a quienes mantienen un negocio, situación que complica el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social; pero a pesar de ello, afirmó que los microempresarios llevan a cabo esfuerzos para mantenerse al corriente y garantizar la protección de sus empleados.
Explicó que las cuotas al IMSS representan una inversión en seguridad social, pues permiten proteger tanto a los trabajadores como a los patrones ante enfermedades, accidentes y otras situaciones que pueden poner en riesgo la estabilidad de una familia o incluso provocar el cierre de un negocio.
No obstante, consideró que estos esfuerzos pierden sentido cuando los servicios médicos no responden a las necesidades de los afiliados, como ejemplo mencionó la falta de medicamentos e insumos básicos, así como las condiciones precarias de algunas instalaciones, problemas que, dijo, generan frustración entre quienes cumplen puntualmente con sus aportaciones.
Méndez Algomeda también hizo referencia a las condiciones laborales del personal médico y administrativo, al señalar que la falta de trabajadores provoca una sobrecarga de actividades, al grado de que algunos empleados deben hacer las funciones que corresponderían a tres o cuatro personas, situación que afecta tanto a quienes laboran en el instituto como a los pacientes que buscan atención.
El señalamiento ocurre en medio de denuncias de trabajadores del IMSS por la escasez de insumos, medicamentos, personal y recursos para desempeñar sus actividades; estas carencias, expuso el empresario, no pueden analizarse de manera aislada, pues repercuten directamente en la calidad de los servicios que reciben millones de derechohabientes en el país.
Uno de los principales cuestionamientos del entrevistado se centró en la fiscalización del dinero que ingresa al instituto mediante las aportaciones de patrones y trabajadores, consideró que, así como las empresas están sujetas a mecanismos estrictos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, las autoridades encargadas de administrar los recursos públicos también deben rendir cuentas.
“Siempre ha habido un mal uso de recursos; sin embargo, hoy, en estas administraciones, son pésimas”, expresó al cuestionar la falta de medicamentos e insumos médicos que, aseguró, se reporta incluso en la atención de emergencias.
Su exigencia, sostuvo, es que haya transparencia sobre el manejo del dinero y que se investigue cualquier posible irregularidad.
El empresario consideró que la fiscalización debe aplicarse en ambos sentidos: tanto a los patrones que tienen la obligación legal de pagar las cuotas como a los funcionarios responsables de garantizar que esos recursos se traduzcan en servicios médicos suficientes y de calidad.
En ese sentido, advirtió que la falta de consecuencias para quienes pudieran incurrir en un manejo indebido de los recursos alimenta la percepción de impunidad; a su juicio, las deficiencias del sistema de salud no afectan únicamente a un sector, sino a toda la población afiliada que depende del IMSS para recibir consultas, medicamentos, atención de urgencias y tratamientos especializados.
De igual forma, criticó la permanencia de los funcionarios cuando existen cuestionamientos sobre su desempeño, esto, al referirse a las declaraciones del director del instituto, Zoé Robledo, sobre su nombramiento, y sostuvo que los servidores públicos deben responder ante los ciudadanos y estar sujetos al escrutinio público, independientemente de quién los haya designado
"Si no estás capacitado, si no logras las metas, pues con permiso y adiós”, expresó al defender la necesidad de evaluar los resultados de quienes ocupan cargos directivos.
Méndez Algomeda insistió en que la seguridad social constituye un derecho que debe garantizarse con responsabilidad y que las aportaciones de trabajadores y empresarios tienen que reflejarse en servicios eficientes, instalaciones limpias y atención médica oportuna.
Lamentó que, de acuerdo con las experiencias que dijo conocer, los derechohabientes enfrenten instalaciones deterioradas, baños en malas condiciones y dificultades para conseguir los insumos necesarios durante su atención.
Aseguró que estas circunstancias generan desconfianza entre quienes llevan a cabo descuentos de sus salarios o destinan parte de los ingresos de sus negocios al pago de las cuotas.
Finalmente, llamó a revisar de manera urgente la administración del IMSS y a establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan conocer cómo se utilizan las aportaciones y quiénes son responsables de las deficiencias, en caso de acreditarse irregularidades.
El empresario afirmó que no se trata solamente de una inconformidad patronal, sino de un problema que compromete los derechos de millones de mexicanos, por ello, insistió en que el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social debe tener como contraparte servicios médicos dignos, suficientes y oportunos para trabajadores, familias y empleadores.
