Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim Helú, ya definió el proyecto que pretende desarrollar en la zona de Paseo de San Francisco y áreas aledañas del Centro Histórico de Puebla, cerca de 700 departamentos, espacios comerciales, oficinas, áreas educativas, estacionamientos subterráneos y recintos para eventos, con una inversión estimada en 4,000 millones de pesos para hacer una suerte de unidad habitacional de postín.
El megaproyecto contempla intervenir predios que en conjunto suman alrededor de 45,000 metros cuadrados, con una construcción que podría alcanzar hasta 175,000 metros cuadrados en distintas etapas y edificios de hasta cinco niveles.
Lo que llama la atención es que, pese a tratarse de una intervención de grandes dimensiones dentro de una zona considerada histórica y Patrimonio Mundial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha expresado públicamente una postura de rechazo o cuestionamiento al proyecto.
Hasta ahora, el organismo se ha mantenido prácticamente en silencio, mientras los promotores han señalado que la propuesta será desarrollada conforme a la normativa patrimonial y con las autorizaciones correspondientes.
La actitud contrasta con otros episodios en Puebla, donde el INAH ha intervenido de manera necia y contumaz ante obras públicas y privadas llevadas a cabo en inmuebles o polígonos protegidos.
Uno de los casos más emblemáticos fue la Casa del Torno, inmueble del siglo XVII ubicado en el Barrio del Artista, cuya estructura fue afectada durante la construcción del proyecto del teleférico impulsado durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
El propio instituto sostuvo que no había autorizado una intervención de esa magnitud y el conflicto terminó en tribunales, además de generar cuestionamientos de organismos defensores del patrimonio.
Otro antecedente es el exhospital y exconvento de San Roque, inmueble histórico de la ciudad donde se detuvieron trabajos de intervención debido a modificaciones y desmontajes que, de acuerdo con los reportes del caso, no contaban con la autorización correspondiente.
Posteriormente, el hallazgo de restos humanos obligó a llevar a cabo trabajos de salvamento arqueológico antes de continuar con la rehabilitación del inmueble.
La vigilancia del instituto también ha alcanzado obras municipales; en 2023, por ejemplo, fueron colocados sellos de suspensión en trabajos ejecutados en el cruce de 2 Oriente y 2 Norte, debido a observaciones relacionadas con permisos y la normativa federal de protección del patrimonio.
El Ayuntamiento argumentó que existían trabajos de salvamento arqueológico y que no se estaba afectando el patrimonio.
A estos antecedentes se suman las suspensiones de obras particulares en el Centro Histórico por intervenciones sin autorización, desde modificaciones de fachadas y trabajos al interior de casonas catalogadas hasta demoliciones y construcciones que incumplen las disposiciones aplicables.
La existencia de una ventanilla única para agilizar trámites no ha eliminado la facultad del INAH para detener obras cuando considera que no cumplen con la legislación federal.
Por ello, el proyecto de Grupo Carso coloca al INAH frente a uno de sus mayores retos recientes en Puebla; no se trata de pintar una fachada o modificar una casona de manera aislada, sino de un desarrollo inmobiliario de gran escala en una zona con valor histórico, donde cualquier intervención debe pasar por una revisión técnica y patrimonial.
Slim ha asegurado que se respetará la arquitectura del entorno, que se utilizarán colores y elementos acordes con la normativa y que el proyecto no pretende provocar gentrificación; sin embargo, la última palabra no corresponde al inversionista ni al Ayuntamiento, sino a las autoridades encargadas de autorizar las intervenciones dentro de la zona protegida.
Mientras el Gobierno Estatal ha optado por esperar los dictámenes correspondientes del INAH y, en su caso, de la UNESCO, la pregunta permanece abierta: ¿por qué ante un proyecto inmobiliario del hombre más rico de México, el instituto todavía no fija una postura pública, cuando históricamente ha sido señalado por frenar o condicionar intervenciones mucho menores en el patrimonio poblano?
