Niñas, no madres. Eso es violación

Hace unos días, el INEGI dio a conocer información sobre la maternidad en el país, a través de la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) donde destacan datos que deberían obligarnos como sociedad, primero y a los gobiernos después, a tomar cartas en el asunto en lo que se refiere a los embarazos y alumbramientos de niñas menores de 17 años, lo que ubica a Puebla en el tercer lugar a nivel nacional. 

 

A pesar de que el número de alumbramientos disminuyó de 6,800 a 5,867 según este recuento, 374 corresponden a niñas de entre 10 y 14 años, lo que sin duda debe llevarnos a afirmar que son resultado de casos de abuso sexual, pues a esa edad, las menores no pueden haber dado su consentimiento, sino que fueron sometidas a la violencia, la amenaza y el abuso. 

 

A nivel nacional, la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) arroja una realidad que debería quitarnos el sueño: en un solo año se contabilizaron 85,357 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años. Dentro de este universo, el dato más desgarrador se concentra en las niñas de 10 a 14 años, un grupo que sumó 5,876 nacimientos en todo el país. Si lo ponemos en perspectiva cotidiana, estamos hablando de que cada día, en promedio, 16 niñas menores de 15 años dan a luz en México. 

 

Ante estos resultados dados a conocer por el INEGI, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha lanzado una alerta contundente a través de su estrategia nacional. El organismo señala que la mal llamada "maternidad infantil" constituye una emergencia de salud pública y una violación flagrante a los derechos humanos que ha dejado de ser exclusiva de las zonas rurales, pues actualmente el 53.8% de las niñas embarazadas vive en contextos urbanos. La institución enfatiza que no estamos ante un fenómeno demográfico ordinario, sino ante una crisis de desprotección institucional donde las víctimas quedan atrapadas entre el silencio comunitario y la falta de oportunidades. 

 

El posicionamiento de SIPINNA tras conocerse estas cifras, es tajante al exigir que las cosas se llamen por su nombre: en menores de 15 años no existe, ni puede existir, el consentimiento, por lo que cada uno de estos embarazos debe catalogarse e investigarse estrictamente como violación y abuso sexual infantil. Investigaciones respaldadas por el sistema revelan dinámicas de poder alarmantes, donde el 70% de los adultos responsables de estos embarazos triplican o cuadruplican la edad de las niñas, registrándose agresores de entre 18 y hasta 78 años de edad. El organismo denuncia que la persistencia de estos delitos se alimenta directamente de concepciones patriarcales que toleran la entrega de las hijas y de una alarmante impunidad jurídica que protege a los pederastas dentro y fuera del entorno familiar. 

 

Biológica y legalmente, un embarazo a esa edad es la prueba física de una violación. Cuando el INEGI nos dice que en Puebla hubo 374 nacimientos en este rango, lo que realmente nos está diciendo es que hubo al menos 374 niñas abusadas en sus entornos familiares, escolares o comunitarios. Detrás de cada acta de nacimiento hay un agresor que actuó bajo el amparo de la impunidad, y un entorno que calló o normalizó la violencia. Hablar de estos casos simplemente como "madres infantiles" suaviza un delito atroz y desvía la responsabilidad de donde realmente debe estar. 

 

Por otro lado, el grueso de la problemática se concentra en las jóvenes de 15 a 17 años, un sector donde la maternidad temprana trunca de golpe proyectos educativos, perpetúa los círculos de pobreza y limita severamente la incorporación futura al mercado laboral formal. En Puebla, la tasa de fecundidad se sitúa en 12.2 nacimientos por cada mil mujeres en este rango de edad, un indicador que supera la media nacional y evidencia la enorme brecha que separa a la entidad de regiones como la Ciudad de México, donde la tasa apenas roza los 4.2 casos y se empata con entidades como Estado de México y Chiapas. 

 

Por supuesto que la educación sexual integral y el acceso a la salud reproductiva son urgentes para las adolescentes de 15 a 17 años, un sector que concentra la mayoría de los casos y donde la maternidad frena de golpe los estudios y perpetúa la pobreza. Pero para el estrato de las más pequeñas, el enfoque tiene que cambiar de raíz. No podemos pedirle a una niña de 11 o 12 años que "prevenga" un embarazo cuando está atrapada en una situación de sometimiento y violencia. 

 

Necesitamos fiscalías que investiguen de oficio cada embarazo infantil como una violación, protocolos escolares severos que detecten el abuso a tiempo y comunidades que dejen de proteger a los agresores bajo el pretexto de los "usos y costumbres" o el miedo al escándalo familiar. 

 

Esta es una tarea de todas y todos: madres y padres de familia, escuelas, y la comunidad en general, asistidas y protegidas por políticas públicas que pongan énfasis en la sanción de este delito y también, claro en la prevención.  

 

 

 

 

¡Vamos a hacerlo diferente!