El Gobierno de España aprobó este martes dos decretos en materia de vivienda con medidas urgentes para responder al reciente escándalo social en relación con Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, que fue desalojada la semana pasada del piso que había alquilado bajo un contrato de renta antigua.
La empresa de inversiones Urbagestión, que compró el edificio en 2018, elevó el alquiler a 2.650 euros mensuales y después lo redujo hasta 1.650 euros. Sin embargo, la mujer no podía pagar esa cantidad con su pensión mensual de 1.350, por lo que el 23 de septiembre fue desahuciada.
La cadena de televisión RTVE informó de que "los partidos del Gobierno han alcanzado un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadana y avanzar en derechos".
El medio detalla que se aprobaron dos decretos. El primero amplía la protección frente a los desahucios hasta 2030, regula el alquiler de temporada y habitaciones; prohíbe la compra especulativa de viviendas a fondos de inversión y fondos buitre hasta el 2028 y permite prorrogar dos años los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en la misma casa, desencadenó una ola de movilizaciones y volvió a poner la vivienda en el centro del debate en España.
— TRT Español (@trt_espanol) September 29, 2026
Ahora, el Gobierno ha aprobado dos reales decretos con nuevas… pic.twitter.com/R1rLF7KidH
El segundo decreto contempla la renovación automática de los contratos de alquiler.
En las redes sociales, el ministro de presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, celebró el acuerdo alcanzado en el Ejecutivo y prometió que el Gobierno seguirá esforzándose para "garantizar el derecho a una vivienda a precio asequible, en alquiler o en propiedad".
Por su parte, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz calificó los decretos como "el mayor avance en materia de vivienda de la última década" y atribuyó su aprobación a la movilización ciudadana y a Maricarmen.
El Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario el 2 de octubre para la convalidar ambos decretos.
Los contratos de renta antiguas son aquellos alquileres firmados antes del 9 de mayo de 1985, bajo los cuales las rentas se prorrogan de manera indefinida, y el propietario no puede desalojar al inquilino para subir el precio.
Los precios, que fueron actuales hace 50 o 60 años quedan congelados hasta el día de hoy.
Estas rentas rondan entre 300 y 500 euros mensuales, entre cinco y diez veces menos que los precios de mercado en las grandes ciudades.
