Mientras el debate sobre el uso de celulares por niños en la escuela se centra en el daño que se hacen a sí mismos, el mismo hábito entre policías estatales, municipales, auxiliares y hasta vigilantes de parques y jardines tiene un costo social directo.
Cuando un policía “vigila” con la vista fija en el móvil, reduce la capacidad de prevención, ralentiza la respuesta ante emergencias y ofrece ventanas de oportunidad que la delincuencia identifica y explota.
Mientras el teléfono recibe likes y mensajes, el espacio público queda sin la mirada que debería protegerlo; la percepción ciudadana es contundente: del tiempo destinado a vigilar, una proporción alarmante está dedicada a las redes sociales.
La diferencia con el caso escolar es sustancial: un menor distraído pierde concentración y, en el peor escenario, afecta su propio rendimiento; un elemento de seguridad absorto en el celular deja de ejercer la función básica por la que se le paga: vigilar, prevenir y reaccionar.
Esa omisión no es privada, sino es pública, y la delincuencia lo sabe, observa, mide tiempos y aprovecha los momentos en que el uniformado está más pendiente del dispositivo que del entorno.
No se trata de exigir una atención absoluta ni de negar que cualquier trabajador pueda recibir un mensaje urgente, se trata de reconocer que el cargo impone servicio y disciplina.
Quien porta un uniforme, una placa o la responsabilidad de cuidar un espacio público no puede permitirse el mismo nivel de distracción que un ciudadano común; cuando la vigilancia se convierte en un acto residual, deja de ser vigilancia.
El problema no es solo individual, es institucional y cultural; la normalización del celular como extensión permanente del cuerpo ha llegado incluso a quienes deberían ser el último bastión de atención sostenida.
En muchos casos no hay supervisión efectiva, ni protocolos claros sobre el uso del teléfono en servicio, ni sanciones visibles cuando la distracción termina en la comisión de actos delictivos, la autoridad se debilita no solo por falta de recursos, sino por falta de presencia real.
Las consecuencias son múltiples y se erosiona la confianza ciudadana: ¿de qué sirve ver un policía si está más concentrado en su pantalla que en lo que ocurre a su alrededor?
Se reduce el efecto disuasivo, se abren ventanas de oportunidad para robos, agresiones o actos vandálicos, y se envía un mensaje implícito: la vigilancia es, en buena medida, una simulación.
Exigir que los elementos de seguridad mantengan la mirada levantada no es un capricho moralista, es una demanda de profesionalismo mínimo. Las corporaciones policiales y las autoridades municipales tienen la obligación de establecer reglas claras, capacitar, supervisar y, cuando sea necesario, sancionar.
La sociedad, por su parte, tiene derecho a demandar que quien recibe un sueldo público para proteger no convierta esa tarea en un acto secundario debido a las redes sociales.
Mientras se sigue sermoneando a los niños por el celular en el aula, muchos de los adultos encargados de la seguridad pública siguen mirando hacia abajo y la delincuencia lo “agradece”.
