El caso de Lucas, un husky siberiano de Tabasco que se convirtió en el primer perro en México en recibir una pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños, evidenció los derechos de los animales de compañía y el vacío legal que existe en la mayoría de los estados, entre ellos Puebla.
La resolución fue emitida por una jueza familiar del municipio de Centro, Tabasco, quien ordenó que el expropietario aporte alrededor de 700 pesos mensuales para la manutención del perro, además de participar en los gastos veterinarios.
El fallo también otorgó la guarda y custodia provisional del animal a la expareja, al considerar que Lucas forma parte de una familia multiespecie y que, como ser sintiente, requiere protección.
En Puebla, sin embargo, no hay una regulación específica que permita resolver este tipo de conflictos, y aunque la Ley de Bienestar Animal del Estado reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a garantizarles un trato digno, alimentación, atención médica y bienestar, el Código Civil poblano no contempla disposiciones sobre custodia, régimen de visitas o pensión alimenticia para mascotas cuando una pareja se separa.
Actualmente, en un proceso de divorcio los animales de compañía suelen ser considerados bienes muebles, por lo que su destino depende de acuerdos entre las partes o de las reglas de propiedad, sin que exista la obligación legal de analizar el bienestar del animal o el vínculo afectivo con sus cuidadores.
No obstante, es posible que un caso similar al de Tabasco podría plantearse ante un juez en Puebla y la solicitud tendría que sustentarse en el reconocimiento de los animales como seres sintientes, en criterios judiciales que reconocen la existencia de familias multiespecie y en el principio de protección y bienestar animal.
Aunque no hay un derecho expresamente establecido, un juzgador podría emitir una resolución con base en una interpretación jurídica del caso concreto.
En noviembre de 2024, la diputada local Grace Palomares presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado e incorporar un "plan de tutela" para animales de compañía en casos de divorcio o separación.
La propuesta planteaba que las parejas acordaran la custodia, cuidados y responsabilidades económicas de sus mascotas y, en caso de desacuerdo, que un juez resolviera privilegiando el bienestar del animal; sin embargo, la iniciativa está en la congeladora.
Mientras entidades como la Ciudad de México ya reformaron su legislación para obligar a incluir a las mascotas en los convenios de divorcio, en Puebla persiste un vacío legal que deja estos casos sujetos a acuerdos voluntarios o a la interpretación de los tribunales.
El precedente de Lucas podría marcar el inicio de una nueva etapa en el derecho familiar mexicano y reavivar la discusión en el Congreso local, sobre la necesidad de crear un marco jurídico que reconozca a los animales de compañía como integrantes de la familia y garantice su protección cuando una relación de pareja llega a su fin.
