Denuncias falsas: el costo legal y humano de mentir ante la autoridad

Denuncias falsas: el costo legal y humano de mentir ante la autoridad

Foto: IA Imagen Poblana / Magnific

El suicidio del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México puso sobre la mesa el tema sobre las denuncias falsas y sus consecuencias.

 

El maestro, quien enfrentaba una acusación por presunto acoso sexual presentada por una alumna, negó los hechos en un video póstumo y aseguró que el proceso destruyó su vida personal, profesional y emocional.

 

 

El caso abrió nuevamente la discusión sobre qué ocurre cuando una persona presenta una denuncia falsa, cuáles son las sanciones legales en México, si estas aplican cuando quien acusa es menor de edad y el impacto que este tipo de señalamientos puede tener sobre los acusados.

 

En México, presentar información falsa ante una autoridad puede constituir un delito. El artículo 247 del Código Penal Federal establece sanciones para quien declare falsamente ante una autoridad o altere la verdad en perjuicio de otra persona, con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas.

 

Dependiendo de la entidad federativa y de las circunstancias del caso, también pueden configurarse delitos como simulación de delito, falsedad en declaraciones o delitos contra la administración de justicia.

 

Además de las consecuencias penales, una persona que formule una acusación falsa puede enfrentar una demanda civil por daño moral, cuando se acredita que el señalamiento lesionó la honra, reputación, imagen o vida profesional del acusado.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho a reclamar indemnizaciones cuando existe un daño comprobado.

 

 ¿Qué pasa si quien acusa es menor de edad?

 

La situación cambia cuando la persona que presenta la denuncia falsa es un adolescente; en México, los menores de entre 12 y 17 años están sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual privilegia medidas socioeducativas y de reinserción social sobre las penas aplicables a los adultos.

 

Esto significa que un menor no queda automáticamente exento de responsabilidad. Si se demuestra que actuó con dolo al formular una denuncia falsa, puede ser sujeto a medidas previstas por dicho sistema. Asimismo, los padres o tutores podrían enfrentar responsabilidades civiles por los daños ocasionados y, si un adulto indujo al menor a mentir, también podría ser investigado.

 

Especialistas coinciden en que las consecuencias de una acusación falsa pueden comenzar mucho antes de que exista una resolución judicial.

 

Entre los principales efectos se encuentran la pérdida del empleo, suspensión de actividades profesionales, afectaciones económicas por los gastos legales, deterioro de las relaciones familiares y sociales, así como problemas de salud mental como ansiedad, depresión y estrés severo.

 

En delitos de carácter sexual, el impacto suele ser aún mayor debido al fuerte estigma social que generan este tipo de señalamientos, incluso cuando una investigación concluye sin responsabilidad penal, el daño a la reputación puede resultar permanente.

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