Reanudamos con la Utopía 3100 para platicar sobre una significativa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en un cambio de criterio de sus antecesores –a los que administraba la impresentable Norma Lucía Piña--, al avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin intervención del Ministerio Público, orden judicial ni solicitud extranjera, siempre y cuando existan indicios de delitos de origen nacional como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, denominada “del pueblo” por sus vínculos con sectores populares, exhibió con datos en la mano que los criterios anteriores permitieron entre 2018 y 2025 el desbloqueo masivo de cuentas por más de 32 000 millones de pesos, con las resoluciones a favor de los quejosos de 2 838 amparos, sin analizar a fondo los indicios detectados por la dependencia.
Recuérdese el escandaloso caso de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, jefe de la sangrienta y costosa “guerra contra el narco” del presidente “espurio” –como lo llaman muchos– Felipe Calderón (2006-12), a quien le desbloquearon las cuentas bancarias el mismo día que su marido fue sentenciado en Nueva York por apuntalar al autodenominado Cártel de Sinaloa, aunque antes fue multipremiado en Estados Unidos y México por agencias encargadas de combatir actividades criminales.
Los nuevos criterios jurisprudenciales se fijaron el 6 de abril al resolver una acción de inconstitucionalidad y dos amparos. En uno se negó el amparo a una empresa vinculada al supuesto sobrino de Ismael “Mayo” Zambada para descongelar sus cuentas, pues los togados concluyeron que el bloqueo de cuentas no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa y preventiva para proteger el sistema financiero de México.
La decisión de la SCJN se adoptó por seis votos contra tres para avalar el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la acción de inconstitucionalidad 58/2022, promovida por legisladores de oposición, y declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la UIF de la Secretaría de Hacienda incluir personas en la lista de bloqueados por motivos de origen nacional.
Por supuesto que el tema generó amplio debate entre los ministros, como ya es habitual desde que fueron objeto de elección popular el 1 de junio de 2025, aunque sus detractores del desdibujado PRIAN, como el prófugo de la justicia de 2018-24, Ricardo Anaya Cortés y su exsocio Damián Zepeda Vidales, no terminan por asimilarlo y todo lo reducen a una lista o acordeón promovido por el oficialismo, como si la ciudadanía que votó, los 13.5 millones fueran manipulables al antojo de la presidenta en turno, como sucedía cuando los designaba el presidente de México con la complicidad del Senado. O bien con Ernesto Zedillo (1994-2000) quien removió a los ministros de la Corte para colocar a sus incondicionales sin que los democráticos legisladores del mal afamado y ahora maltrecho PRIAN dijeran esta boca es mía.
Como bien resumió el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz: “Creo que este pleno debe tener presente las condiciones actuales del país, situación en la que opera la delincuencia organizada y, también, la agilidad con la que opera el sistema financiero... hoy basta una tecla para que ocurran las operaciones financieras”. Y literalmente sentenció que la medida no afecta a todos los usuarios, sino a quienes realizan operaciones irregulares.
Acuse de recibo
Censura en X a pesar de que formo parte de la marginalidad. Redacté “Este pederasta VIP ya no asusta ni a sus nietos por tanto uso y abuso de las amenazas, desplantes, bravatas y contradicciones a la orden del día”. La respuesta final después de seis intentos de envío fue: “El contenido de tu mensaje no es válido”. Omití “pederasta VIP” y asunto arreglado. (…) De Teresa Gil: “Contradicción, hablar de Semana Santa en un país laico. Y contradicción también, en los miles de creyentes que celebran estas fechas en feliz remojo de playas. Expresiones como esas y el prolongar por cuatro meses de inversiones y actividades la organización de una Pasión, hace pensar en la fuerza que tuvo el invasor para imponer sus ritos, más en este momento, contra el laicismo de la propia Constitución. Hay que reconocer que este último evento que reúne a millones según cuentan los organizadores, produce fuertes ingresos a la ciudad. Los muchos turistas que vienen por ese evento, tal vez ignoran que nuestro país con una de las culturas más extraordinarias, tiene eventos significativos que podrían ser expuestos con el orgullo del nativo, sin necesidad de echar mano de historias que otros acuñaron. Eso, sin tomar en cuenta también, que en este país hay agnósticos y no creyentes que merecen respeto”. (...) Tres décadas de informar desde la pluralidad y el profesionalismo cumplió Democracy Now, el informativo independiente presentado por Amy Goodman y Juan González.
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