En medio de una estrategia federal más amplia contra actividades ilícitas, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, intensificó durante 2025 y lo que va de 2026 los operativos contra las máquinas tragamonedas, conocidas popularmente como “maquinitas”.
Las acciones han incluido decomisos masivos, destrucción de aparatos y operativos coordinados con autoridades estatales y federales en diversas entidades. Y es que el gobierno federal ha subrayado que estos dispositivos operan fuera del marco legal en la mayoría de los casos y representan un problema social, al fomentar la ludopatía, facilitar el acceso de menores de edad a juegos con apuesta y convertirse en una fuente de financiamiento para grupos criminales.
Por ello, la campaña actual no sólo busca retirar los aparatos de circulación, sino también desarticular las estructuras que los instalan y operan de forma clandestina.
El marco jurídico que sustenta estas acciones está en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, así como en su reglamento, cuyas modificaciones más recientes datan de 2023 y en su artículo 1 prohíbe en todo el territorio nacional los juegos de azar y con apuestas, salvo las excepciones autorizadas expresamente por la Segob.
A su vez, el artículo 12 del Reglamento establece que quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades, al definirlas como todo dispositivo mediante el cual una persona juega con apuesta, insertando dinero u otro medio de pago con la finalidad de obtener un premio.
En términos prácticos, la norma general establece que estas máquinas están prohibidas en cualquier establecimiento no autorizado por la autoridad federal, como tiendas de abarrotes, misceláneas, farmacias, papelerías, talleres, bares o restaurantes.
Asimismo, ningún permiso permite su instalación fuera de casinos regulados con autorización federal vigente, y las únicas excepciones contempladas se limitan a casinos físicos que cuenten con permiso federal vigente otorgado por la Segob.
En 2025, un tribunal federal resolvió a favor de algunos operadores al declarar inconstitucional una parte de la reforma de 2023 que restringía la instalación de nuevas máquinas, lo que permitió cierta expansión en salas que ya contaban con licencias previas.
Sin embargo, esta excepción no aplica a las máquinas instaladas en comercios cotidianos ni a plataformas en línea no autorizadas, cuya regulación continúa en proceso de actualización hacia 2026.
Por ello, en la práctica, las “maquinitas” visibles en pequeños negocios operan de manera clandestina y son el principal objetivo de los operativos actuales; mantener o explotar estos dispositivos puede derivar en sanciones que van desde multas elevadas hasta penas de prisión y clausura de establecimientos.
Y es que aunque no hay cifras oficiales, estimaciones dicen que estas redes podrían generar hasta 600 millones de pesos semanales a nivel nacional, lo que equivaldría a alrededor de 2,400 millones de pesos mensuales.
Es decir, por máquina individual, en zonas de alto tránsito, las ganancias netas diarias pueden alcanzar desde cientos hasta miles de pesos para el operador, debido a configuraciones que favorecen el margen de la “casa”.
