En México, las víctimas de violencia de género enfrentan no solo la agresión, sino también una barrera económica para acceder a la justicia. Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 513 feminicidios, 60 mil 384 casos de lesiones dolosas y más de 617 mil llamadas de emergencia por violencia familiar y de pareja, según cifras oficiales. Estos datos reflejan una constante: denunciar y buscar justicia tiene un costo elevado que muchas mujeres no pueden asumir.
Los gastos legales y logísticos asociados —como traslados, asesorías jurídicas y terapias psicológicas— recaen con frecuencia en las víctimas y sus familias. "Lamentablemente, sin recursos, el acceso a la justicia es más complicado [...] desde los traslados seguros, las fotocopias de los expedientes [...] el apoyo psicosocial", señaló Atziri Ávila, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Casos como el de Paola Santos Márquez en Ixtapaluca, Estado de México, reflejan esta realidad. Su madre, Sara Márquez, debió iniciar una campaña de financiamiento colectivo tras encontrar a su hija asesinada. Una amiga de la familia expresó en GoFundMe: "Un camino lleno de indiferencia, de trámites, de gastos y de violencia institucional".
Marielena del Carmen Durán Mendoza, refugiada venezolana asesinada en Ciudad de México, representa otra dimensión de vulnerabilidad. Su hermana Fabiola denunció omisiones por parte de las autoridades locales y solicitó apoyo ciudadano para costear la búsqueda de justicia: "El aporte no solo es económico: es un mensaje claro de que Marielena no estaba sola".
Casos de violencia vicaria, en los que se agrede a mujeres mediante sus hijos, también evidencian la necesidad de apoyo económico para litigar incluso ante instancias internacionales. Tres mujeres llevaron sus casos a la CIDH tras el fracaso de las instituciones mexicanas. "Nos han perseguido, hostigado y arrancado parte de nuestra vida", manifestaron en una colecta para financiar su defensa, consultada por NotiPress.
Organizaciones como Marea Verde México y el propio OCNF sostienen su labor con recursos limitados. En 2025, Marea Verde lanzó una campaña para ampliar su atención a sobrevivientes de violencia: "Te invitamos a participar [...] que no lograríamos sin tu ayuda", expresó su fundadora Renata Villarreal.
El OCNF, con presencia en 23 estados, ha impulsado sentencias históricas. Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana, afirmó: "El OCNF ha sido una luz en nuestro camino hacia la verdad, justicia y reparación". Araceli Mondragón, madre de Abigail Guerrero, señaló: "Fue la primera puerta que se abrió en este difícil proceso".
El acceso a la justicia en México continúa marcado por la desigualdad estructural. Sin apoyo comunitario y recursos económicos, muchas mujeres no logran justicia, permaneciendo sus casos en el olvido. (Notipress)
