El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este sábado que una nueva Constitución para el país, en caso de ser aprobada la consulta popular sobre este tema el próximo 16 de noviembre, no será escrita por la Inteligencia Artificial (IA).
"La Constitución no la escribirá la IA, como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente.", señaló el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
https://x.com/DanielNoboaOk/status/1987220675795304700?s=20
De esta manera, Noboa respondió antes críticas de sus opositores luego que en un acto público esta última semana él señalara que esta herramienta de la IA podría incluso elaborar un texto constitucional.
"Los que escribirán la Constitución serán los patriotas que buscan un país mejor, uno en el que los delincuentes no vuelvan a ser prioridad, donde no salgan libres con medidas sustitutivas, donde no cualquiera pueda ingresar libremente por la frontera para delinquir. Un país en el que el bien esté por encima del mal", sentenció Noboa en su mensaje de este sábado.
Previamente, el Jefe del Estado ecuatoriano señaló que la IA " es una herramienta que es ilimitada. La pueden usar para preguntar, como nuestro equipo de Comunicación a veces hace ciertas preguntas en ChatGPT, para cosas sencillas, para escribir un discurso o para diseñar hasta una Constitución", lo cual generó duras críticas contra su Gobierno.
El próximo 16 de noviembre los electores registrados en el padrón electoral tendrán que responder si están de acuerdo o no en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano deberán elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada por la mayoría.
En caso de que gane esta pregunta de consulta popular, los votantes tendrán que volver a las urnas dos veces más, una para elegir a sus representantes que redactarán la nueva carta magna para reemplazar a la vigente desde 2008.
Posteriormente, una vez elaborado el documento, este deberá ser refrendado por los electores también en las urnas, un proceso que se estima podría costar al país más de 200 millones de dólares.
