
El Ejecutivo federal promulgó reformas a la Ley General de Población mediante publicación en el Diario Oficial. Las disposiciones incluyen la incorporación obligatoria de rasgos físicos y fotografía en el documento que autentica a cada habitante.
Desde el segundo semestre de 2025, la Secretaría de Gobernación aplicará los lineamientos correspondientes. Las modificaciones fueron aprobadas con el objetivo de mejorar el control institucional, prevenir desapariciones y facilitar procesos administrativos en servicios públicos y privados.
"Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios", establece el decreto. El texto asigna a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la operación de la versión electrónica.
El Registro Nacional integrará datos a través de transferencia autorizada por los titulares o mediante asistencia presencial en puntos específicos. La Plataforma Única de Identidad permitirá gestionar validaciones y brindar autenticación digital.
Para menores, se contempla un programa especial de incorporación. Todas las instancias gubernamentales deberán colaborar con Segob para cumplir con dicha instrucción. Las entidades tienen noventa días naturales para implementar las medidas requeridas.
Las instituciones que incumplan enfrentarán sanciones de hasta veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Antes de aplicar penalizaciones, se emitirá un aviso formal en caso de omisiones repetidas.
La jefa del Ejecutivo aclaró que el Instituto Nacional Electoral conservará sus registros. "No hay nada que tenga que ver con que se va a sustituir la lista nominal o el padrón electoral; eso le corresponde al Instituto Nacional Electoral. El INE es autónomo y tiene sus propios instrumentos", dijo.
También puntualizó que los datos en poder del organismo electoral no se incorporarán a la base oficial. "La colaboración con el INE es opcional. No hay ninguna ley ni disposición constitucional que obligue a utilizar el padrón electoral o la lista nominal", declaró.
En este sentido, se advierte sobre riesgos relacionados con el acceso gubernamental a la información concentrada. "La incorporación de datos biométricos a la CURP es riesgosa porque amplía el acceso del gobierno a información personal y aumenta la probabilidad de robo de identidad", afirmó Gabriel Espinoza, académico de la UNAM.
Otras disposiciones aprobadas refuerzan el marco normativo para vigilancia estatal. Entre ellas, figura la creación de la Llave MX, que permitirá autenticarse en plataformas en línea y acceder a subsidios, beneficios sanitarios o trámites escolares. (NotiPress)