La imputación, que también incluye al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, así como otras nueve personas, fue dictada este 22 de mayo, en el marco de una causa que investiga la presunta contratación amañada del hermano del mandatario español en dicho municipio.
El auto del procesamiento, firmado por la jueza Beatriz Biedma, asegura que David Sánchez, hermano menor del presidente español, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de Badajoz se había "creado para él", se presentó a una convocatoria que ya estaba arreglada "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".
La magistrada, del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, añadió que su contratación fue a petición "de una persona o personas" del entorno de David Sánchez que conocían su necesidad de un empleo "en un momento que carecía de trabajo estable".
Vale recordar que en el año 2017, la Diputación de Badajoz contrató al hermano presidencial como jefe de la flamante Oficina de Artes Escénicas, con el objetivo de encabezar un proyecto titulado Ópera Joven, aduciendo que los estudios musicales de David Sánchez y su experiencia como asesor del Teatro Real de Madrid lo convertían en el indicado para el cargo.
Caso David Sánchez:
— Capitán General de los Tercios (@capTercio) May 22, 2025
El hermanísimo de Pedro Sánchez está siendo investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude fiscal. La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, se centra en su contratación como pic.twitter.com/sYFoqbmCt5
Si bien en ese año su hermano mayor no era todavía el jefe de Estado español, Pedro Sánchez ya ocupaba el cargo de presidente del PSOE, el partido que gobernaba el municipio de Badajoz y del que Miguel Ángel Gallardo era —y sigue siendo— el jefe regional en Extremadura.
Si bien la fiscalía pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo, este último recogió su credencial como diputado local este mismo 22 de mayo, día que quedó firme su imputación y se abrió el proceso para enviarlo a juicio oral, lo cual significa que se encuentra aforado.
La noticia de la imputación provocó la condena hacia el Gobierno español por parte de los partidos de oposición, las organizaciones de derecho civil que impulsaron la investigación y hasta de parte de Podemos, exsocios de Sánchez en sus primeros años en su Gobierno de coalición, que tildó de "preocupantes" los "indicios de irregularidades" por parte de las autoridades de Badajoz.
Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, calificó el procesamiento de "cacería infame" contra la formación socialista, afirmando que estaba confiado que "se sabrá toda la verdad y esto acabará de una vez".
