Norma Piña vs. AMLO: diferencias entre sus propuestas de reforma al PJF

El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso su paquete de 18 reformas constitucionales y dos de leyes secundarias. En esta se incluyó la polémica reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados y ya pasó en comisiones del Senado; sin embargo, surgió una contrapropuesta desde el PJF.

Este domingo, más de siete meses después de la reforma enviada por el Ejecutivo, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó su iniciativa para reformar al PJF, titulada “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”. Esta contiene dos propuestas, una formada del ámbito jurídico y otra de las voces de la sociedad civil, academia, sector estudiantil y víctimas del país.

La contrapropuesta que presentó la ministra Piña Hernández es sustancialmente diferente a la que impulsó el presidente López Obrador y que ha recibido algunas modificaciones por parte de los legisladores oficialistas. Elección de juzgadores por voto popular, el fortalecimiento de la carrera judicial y autoridades independientes de evaluación, son algunos de los puntos opuestos de ambas propuestas.

¿Qué dicen ambas propuestas?

Elección de jueces, magistrados y ministros: La primera y más notable diferencia es que la propuesta de Norma Piña no prevé la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. En su lugar, propone homologar los procesos de elección con una Ley Nacional de Carrera Judicial, a fin de fortalecer la carrera judicial de los perfiles que aspiran a los cargos judiciales en los ámbitos locales y federales.

Asimismo, se plantea que dicha ley conlleve el establecimiento de procesos y requisitos mínimos para la promoción dentro de la carrera judicial en el fuero local y federal. De igual forma, se aboga por la constante capacitación y profesionalización de los jueces y funcionarios que intervengan en los procesos judiciales.

Por el contrario, la de AMLO se basa en la premisa de que todos los puestos, desde jueces locales hasta ministros de la SCJN, se elijan mediante el voto popular en elecciones. Para empezar con estas elecciones, los primeros a elegir serán los integrantes de lo que hoy se conoce como Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para que estos hagan el proceso de selección de los perfiles.

A diferencia de la constante capacitación, en esta apenas se pide una licenciatura en Derecho con promedio de 8 o 9, tener cinco años de experiencia y otros requisitos como las cartas de recomendación de vecinos y colegas.

Combate a la corrupción y nepotismo: La contrapropuesta señala tres acciones claras: simplificar todas las etapas de investigación, substanciación y sanción del procedimiento de responsabilidades administrativas; armonizar los procedimientos con estándares internacionales para acortar tiempos de investigación y eficientar procesos gracias al uso de tecnología; y transparentar el número, origen y estado de las investigaciones, medidas cautelares, procesos y sanciones disciplinarias.

Sobre el nepotismo, proponen otras tres medidas: garantizar el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad considerando el género, discapacidad, origen étnico y otras vertientes; establecer un servicio civil de carrera en áreas administrativas, para fortalecer la meritocracia y diversidad, a fin de acabar con favoritismos o relaciones familiares; y por último reflejar los avances normativos en los Acuerdos del CJF.

En tanto, con la de AMLO se plantea la eliminación del CJF, un organismo del PJF, para dar paso a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo que se extenderá por todas las ramas del Poder Judicial. Este nuevo organismo también estará sujeto a la elección popular en las urnas y, en teoría, también estará a revisiones para que sus resoluciones sean imparciales y justas.

Fortalecimiento de fiscalías: El documento de Norma Piña no sólo se centra en los cambios al PJF, sino que también aborda y reconoce las condiciones adversas en las que laboran las fiscalías de todo el país, lo que dificulta la impartición de justicia desde una instancia que no es competencia ni pertenece al PJF.

En esta se propone mecanismos nacionales de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación, sistemas de selección del personal de ministerios públicos y fiscalías con los parámetros para la selección de magistrados y funcionarios judiciales, basados en un modelo de carrera y certificación constantes.

Además, se plantea una Ley General de Servicios Forenses para una institución nacional de servicios forenses que permita contar con un marco normativo que fortalezca los esfuerzos estatales y federales. También se amplían las capacidades institucionales en materia forense y de servicios periciales con tecnologías avanzadas y equipos especializados.

Ello contrasta con la reforma que ya está en la cancha del Senado, la del Ejecutivo, pues en esta no se contempla ningún tipo de modificación a los sistemas forenses, ministerios públicos, ni mucho menos a las fiscalías.

Jueces sin rostro: Otra diferencia sustancial entre ambos proyectos es la figura de los jueces sin rostro, es decir, aquellos de los que no se conoce su identidad a lo largo de un proceso judicial. En el caso de la de AMLO, este es un punto que sí está incluido y se plantea para casos como los de delincuencia organizada y terrorismo, a fin de salvaguardar la integridad de los juzgadores, algo que se ha considerado violatorio a los procesos justos.

Por el contrario, la que impulsa el Poder Judicial no incluye esta medida y propone otras como los jueces itinerantes, es decir, que recorran el país acercando la impartición de justicia a los lugares donde los procesos son limitados por cuestiones geográficas o culturales. También se implementarían las tecnologías para los procesos judiciales en línea en algunos contextos.

Cambios en las políticas de seguridad pública: Por último, la propuesta que anunció Norma Piña plantea la reorientación de las políticas de seguridad desde la desmilitarización garantizando la participación ciudadana en el diseño de nuevas medidas. El documento señala la urgencia de construir y mejorar las relaciones de confianza entre la sociedad y las fuerzas de seguridad civil.

Por lo anterior, propone avanzar hacia una menor intervención de las Fuerzas Armadas de manera paulatina en las labores de seguridad pública nacionales. De igual forma, la ciudadanía será vigía de la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad para asegurarse de que las comunidades más afectadas por la violencia puedan expresar su voz.

En el caso de la de AMLO, esta tampoco contempla la reducción de la militarización de la seguridad pública en el país, pues al contrario, desde el Poder Ejecutivo se ha apostado por el fortalecimiento del Ejército Mexicano y por darle más facultades para la operación de proyectos nacionales como el Tren Maya o el control de la Guardia Nacional.